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Regulación Europea para los derivados de crédito

Escrito el 30 noviembre 2017 por Antonio Rivela Rodríguez en Financial Markets

 

En la última década del S.XX y durante el principio del S.XXI el mercado de derivados experimentó un incremento significativo debiéndose la parte más importante al aumento en la negociación y contratación de instrumentos financieros derivados OTC (Over the Counter), no negociados en un intercambio ni en bolsas de valores. Estos instrumentos solían carecer de transparencia al ser negociados de forma privada entre las partes aunque no debemos olvidar que la mayoría eran entidades financieras sometidas a supervisión.

La mayoría de los derivados se articulaban mediante acuerdos bilaterales con un riesgo de crédito y bajo unas condiciones jurídicas y financieras no conocidas por terceros. Por ello, los supervisores no contaban con información real sobre el tamaño y las operaciones no siendo posible valorar correctamente el riesgo sistemático de dicho mercado para gestionarlo de forma preventiva. Esta falta de información afectaba incluso a las propias partes que únicamente conocían su exposición al riesgo estando en muchos casos las garantías prestadas infravaloradas. Estos hechos, unidos a la elevada concentración del mercado y la intensa interconexión de los participantes, explican que parte de la doctrina económica señalase a los derivados OTC, y más concretamente a los CDS, como causante o multiplicador de la crisis financiera de 2008.

Por ello, en los acuerdos de Pittsburgh establecidos por el G20 en 2009 ya se establecieron una serie de medidas encaminadas a buscar la transparencia y mitigar los riesgos en los mercados siguiendo las recomendaciones concretas de expertos incluidas en el “Informe Larosiere” para la mejora del marco regulatorio y supervisor de la Unión. En este informe se dan recomendaciones y respuestas en relación a la regulación, la gestión y resolución de crisis y ámbito supervisor.

Siguiendo con la tendencia, en 2012 se aprueba el Reglamento de la Unión Europea nº 648/2012 (EMIR) que supone una modificación estructural del mercado de derivados. Las cuestiones reguladas han ido entrando en vigor en diferentes momentos de tiempo. Aunque no supone una regulación integral del mercado de derivados al quedar excluidas cuestiones como la negociación de
los mismos en mercados organizados o la información pre y post contractual que serán incluidos en la normativa MiFID II, sí impone ciertas obligaciones para cumplir sus objetivos principales.

A pesar de la regulación MiFID II, que entrará en vigor en Enero de 2018, en 2016 se hizo una revisión del Reglamento EMIR (REFIT) por parte de la Comisión Europea junto con la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la Junta Europea de riesgo Sistémico y el Sistema Europeo de Bancos Centrales para adaptarlo a las circunstancias del mercado y hacer normas más simples y proporcionales teniendo en cuenta que no es posible realizar un estudio completo del mismo al no estar completamente instauradas algunas de sus obligaciones. Se revisó el Reglamento con el objetivo de hacerlo más eficaz y eficiente analizando su eficacia, efectividad, relevancia, coherencia y valor añadido a la acción de la Unión Europea. Se cambiaron ciertas normas como son la consideración de entidad no financiera, la creación de un nuevo mecanismo de supervisión que dependa de la AEVM encargado de la vigilancia de las cámaras de compensación de la Unión Europea, así como otras definiciones, obligaciones de comunicación y obligaciones de registro.

En cuanto a la eficacia se identificaron ciertas áreas en las que los requerimientos podrían estar mejor calibrados para eliminar costes desproporcionados para ciertas transacciones o partes de la negociación de derivados como por ejemplo las instituciones no financieras o fondos de pensiones. En relación a la efectividad, aunque el análisis de EMIR inicial es bueno, se considera que es posible simplificar algunos requisitos sin poner en riesgo la estabilidad financiera global. Analizando la relevancia se determina que los requisitos principales del EMIR van de la mano con los esfuerzos internacionales de reformar el mercado global de derivados OTC. Por otro lado, EMIR es plenamente coherente con el resto de legislaciones europeas. Finalmente, en cuanto al valor añadido a la acción de la Unión Europea, EMIR cubre una brecha que existía en la legislación al introducir una nueva infraestructura que logre un proceso uniforme a nivel europeo que cubra la falta de transparencia en los mercados derivados OTC y sus riesgos sistemáticos asociados.

Como conclusión, tras las últimas crisis vividas a nivel global se puede observar una tendencia a una mayor regulación del sector financiero que cubra ciertas lagunas que tenía anteriormente y le otorgue de una mayor transparencia que se refleje en la confianza en el mismo por parte de los consumidores. A las comentadas en este artículo se añaden la famosa normativa MiFID II que afectará a todo el sector en general así como normativas para regular áreas específicas dentro del mismo como son los PRIIPS o los mercados de derivados. No obstante, hasta que todas estas medidas no se instauren en su totalidad y pase un tiempo prudencial, no podremos medir su efectividad.

 

Antonio Rivela

Profesor de  IE Business School y Experto Forense en Netvalue Forensic SLP

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