21
Ago

Es la deuda privada estúpido!

Escrito el 21 agosto 2012 por Antonio Rivela Rodríguez en Analisis Financiero, Financial Markets

Este artículo “Crystal Clear” de Juan Abascal, publicado en El Mundo y El Expansión arroja luz sobre la deuda que es realmente preocupante… y no es precisamente la pública sino la privada.

Juan Abascal Heredero es Economista del Estado, experto financiero en Netvalue Forensic y un brillante alumno nuestro en el Máster in Advance Finance del IE Business School.

No hay ninguna crisis económica que dure para siempre. Todas las crisis pasan, algunas gracias a la política económica y, otras a pesar de la política económica, y condenan a un país a pasar años de sufrimiento de manera innecesaria, como es el caso de la actual crisis.

La razón es que se está luchando contra el enemigo equivocado. Se lucha contra el déficit y la deuda pública, cuando el principal lastre para la recuperación económica en España es la enorme acumulación de deuda privada. Un proceso de acumulación de deuda privada cuyos principales responsables hay que buscarlos en nuestro país. En la mala gestión de nuestras entidades financieras, en la laxitud del Banco de España, en la voracidad crediticia de nuestros hogares y empresas y en los distintos gobiernos, que no sólo no buscaron remedios, sino que incentivaron fiscalmente la compra de vivienda y el endeudamiento de las empresas.

Reconocer nuestros errores, no impide decir que también hubo cierta responsabilidad más allá de nuestras fronteras y, en concreto, en el Banco Central Europeo (BCE). El economista Richard Koo lo ha explicado con claridad. Con el estallido de la burbuja tecnológica a principios del siglo XXI, el BCE puso en marcha una política monetaria fuertemente expansiva. Según el BCE, era la adecuada, aunque perjudicó la competitividad y la estabilidad económica y financiera de países poco afectados por la crisis de las puntocom, como España, Irlanda o Grecia. Y lo era porque Alemania no podía aplicar una política fiscal más expansiva para salir de una crisis que le afectó mucho más que a los países mencionados.

Con datos de 2011, la deuda privada en España se situó cerca del 300% del PIB (la deuda pública, en el 70% del PIB), la tercera más elevada de los países de la OCDE, tras Irlanda y Reino Unido. Con el inicio de la crisis, tanto los hogares como las empresas españolas tratan, en parte obligados por la falta de financiación, de disminuir su deuda, para lo que necesitan gastar menos de lo que ingresan. Mientras que en 2007 el sector privado presentó un déficit del 11.5% del PIB, en 2009 generó un superávit del 6,4%. Es decir, en apenas dos años, un cambio de 18 puntos del PIB, y la tendencia se ha mantenido en 2010 y 2011 con superávits del 5,4% y del 5,2%, respectivamente.

En una economía todos los agentes a la vez no pueden gastar menos de lo que ingresan. Por ello, este cambio en el saldo financiero del sector privado tuvo como contrapartida un cambio en sentido inverso del saldo del sector público. En efecto, mientras que en 2007 el sector público tuvo un superávit del 1,9% del PIB, en 2009 alcanzó un déficit del 11,2% y, aunque en menores cuantías, el déficit público se ha mantenido elevado en 2010 y 2011 (9,3% y 8,5%, respectivamente).

En mi opinión algunos economistas consideran erróneamente que es el déficit del sector público el que ha obligado a ahorrar al sector privado. Es lo que se conoce como efecto crowding-out. Sin embargo, los hechos no apoyan esa teoría. Es imposible identificar medidas discrecionales de política fiscal que puedan explicar un cambio en el saldo del sector público de más de 13 puntos de PIB. La medida más importante y conocida, el Plan E, apenas supuso el 2% del PIB. Por tanto, es el comportamiento del sector privado el que explica, en gran medida, el comportamiento de las cuentas públicas. Podría decirse que la mejor política de consolidación fiscal será aquella que contribuya a reducir la deuda de hogares y empresas.

Cabe otra posibilidad: que el sector exterior fuese capaz de absorber el superávit del sector privado, de modo que el sector público pudiese equilibrar sus cuentas. Ello, con datos de 2011, exigiría un superávit exterior del 5,2% del PIB, algo que no parece factible sin provocar una recesión muchísimo más acusada que la que vivimos. En 1991, justo antes de las devaluaciones de la peseta, la economía española tenía un déficit exterior del 3,5% del PIB, casi la misma cifra que en 2011 (3,4%). Tras las tres devaluaciones de la peseta en 1992 y 1993 (de aproximadamente un 20% acumulado), conseguimos equilibrar nuestro sector exterior. Ésta podría ser una referencia. Pero dado que ahora tenemos una enorme deuda externa (cerca del 100% del PIB), parece razonable marcar como objetivo un superávit exterior del 1,5%, como tuvimos a mediados de los 80 y que es prácticamente el máximo de la serie histórica.

Para que España pase de un déficit exterior del 3,4% a un superávit del 1,5%, algún país de la zona euro (Alemania, esencialmente) debe ver reducido su superávit exterior, pues Estados Unidos no permitirá a la Eurozona incrementar su superávit exterior. En todo caso, un superávit exterior del 1,5% del PIB (si el sector privado mantiene su superávit del 5,5% para seguir reduciendo su deuda) implica un déficit público en el medio plazo del 4% del PIB, lo que con datos actuales supone un déficit primario del 1%. Dado que este escenario se mantendrá unos años, la clave es hacer compatible este déficit con la sostenibilidad de la deuda pública.

Suponiendo que el objetivo es estabilizar la deuda pública en el 90% del PIB, que el crecimiento real puede ser del 1,5% en los próximos años (un mayor crecimiento facilitaría la sostenibilidad de nuestra deuda, de ahí la importancia de las reformas estructurales) y que la inflación rondará el 2% (objetivo del BCE), llegamos a la conclusión de que para que nuestra deuda pública no entre en una senda insostenible, necesitamos tipos de interés nominales del 2,4%, cuando ahora el tipo interés medio efectivo es del 4,1% y los tipos de mercado están más cerca del 6%. Sólo con una inflación del 4% (en la Eurozona, para no perder competitividad con nuestros socios comerciales), nuestra deuda pública sería sostenible con el actual interés. Bruselas, Fráncfort y Berlín deben entender que la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas necesita tipos de interés de la deuda muy inferiores a los actuales y/o una mayor inflación en el conjunto de la zona euro.

Éstas son condiciones necesarias para la recuperación económica en España, pero no suficientes. Para ello, es imprescindible avanzar con más rapidez en la reducción de la deuda privada y, sorprendentemente, ninguna medida se ha tomado en esta dirección en los últimos años. En esto debe concentrarse la política económica europea y española en los próximos meses. Si vamos a pedir un rescate, utilicémoslo con inteligencia.

30
Jul

LEY ANTITRUST: FIJACIÓN DE PRECIOS

Escrito el 30 julio 2012 por Antonio Rivela Rodríguez en General

Con este post iniciamos una serie de blogs en los que explicaremos los aspectos financieros de la ley de la competencia o antitrust. Estas leyes introducidas por primera vez en Estados Unidos en 1890 tienen como objetivo regular el comercio, evitando que se produzcan restricciones comerciales, fijación de precios o abuso de monopolización. Parten de la premisa de que en un mercado libre beneficia a todos, consumidores, empresas y en general a toda la economía.

Como hilo conductor para este blog tomaremos como ejemplo noticias recientes aparecidas en los medios de comunicación sobre la aplicación de la ley antitrust, para analizar su aspecto económico y financiero.

El ejemplo más reciente que tenemos en España sobre la fijación de precios es el procedimiento abierto por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) contra varias empresas y asociaciones de la industria láctea por un presunto acuerdo para fijar las condiciones comerciales y los precios de la leche de vaca que pagan al ganadero.

La CNC, organismo encargado en España de realizar la persecución de las conductas anticompetitivas, investiga a estas grandes empresas y asociaciones por haber formado un cártel, esto es, de tener un acuerdo entre ellas para fijar el precio de la leche.

La formación de un cártel tiene como objetivo reducir o eliminar la competencia dentro de un mercado y conseguir un mayor control sobre la producción, para de esta forma obtener el máximo beneficio posible en perjuicio de los consumidores

Para poder formar un cártel es necesario que las empresas que lo formen controlen la mayor parte del mercado de su sector, lo que no significa necesariamente un control mayoritario sobre la oferta. Como en el caso de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) que con un control del 40% de la producción, domina el mercado del petróleo a nivel mundial.

Como consecuencia de la existencia de un cártel en el mercado disminuyen los beneficios que una economía competitiva ofrece al consumidor y se reducen o frenan la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos.

La mayoría de los países persigue un mercado libre en el que los precios quedan fijados entre vendedores y consumidores siguiendo las leyes de la oferta y la demanda, y sancionan con la ley la creación de cárteles.

5
Jul
4
Jul

Master class on Credit Default Swaps

Escrito el 4 julio 2012 por Antonio Rivela Rodríguez en Financial Markets

Yesterday, Prof. Antonio Rivela broadcasted a brand new master class related to the CDS market. The ultimate goal is to market the IE Business School finance area on an international basis.


Source:Goldonomic

Link to the Master class on Credit Default Swaps broadcasted globally to IE Business School potential students in finance.

It lasts 45 minutes plus 15 minutes student questions.

I hope it is useful and fun.

31
May

El modelo de Banca Seguros

Escrito el 31 mayo 2012 por Antonio Rivela Rodríguez en Analisis Financiero, Financial Markets

El modelo de negocio en el que se combina los sectores de banca y seguros, al que se le conoce como “Bancassurance”, describe la alianza estratégica (o Joint Venture) entre un banco y una compañía de seguros, donde la aseguradora utiliza el canal de distribución del banco para comercializar sus seguros.

Este modelo de Bancassurance permite a la compañía de seguros mantener departamentos comerciales más reducidos, al ser vendidos sus productos por empleados del banco, a la propia red de clientes del banco. Por otro lado, las pólizas de seguro son procesadas y administradas por la compañía de seguros, la cual se centra en el producto, y no en la venta.

Los empleados del banco reciben asesoramiento por parte del personal de la compañía de seguros (Dpto. de bancassurance de la aseguradora) como puede ser: información del producto, campañas de marketing o cursos comerciales.

En algunas ocasiones la aseguradora presta servicios actuariales (el equipo del actuario senior o “appointed actuary” realiza informes sobre el nuevo negocio creado por las pólizas comercializadas en la JV), de inversión (tanto la compraventa de bonos/acciones “front” y como la contabilización de los mismos “back”), de gestión de riesgos entre activos y pasivos (“ALM” – asset liability management) o de contabilidad y control, entre otros.

Ambos, el banco y la compañía de seguros se reparten la comisión según el porcentaje de control de la alianza estratégica.

Este modelo de negocio está fuertemente implantado en países como España, Francia, Austria y Reino Unido.

En España, tradicionalmente el regulador del sector asegurador (Dirección General de Seguros-DGS), solo permite comercializar el producto de una única compañía de seguros a través de cada banco o caja específico. Por lo que, al recientemente fusionarse la mayoría de las cajas, se están produciendo cambios en las alianzas, al cambiar el control de las instituciones financieras españolas.

En algunos países, este modelo está prohibido, al dar demasiado peso a los bancos sobre el sector financiero/asegurador. De hecho, en países como Estados Unidos donde dominaba la Glass-Steagall Act, ha sido recientemente legalizado gracias a la Gramm-Leach-Billey Act.

Otra acepción interesante de este fenómeno, es la utilización de productos de banca privada (PrivatBancAssurance), bajo un paraguas de póliza de seguros, por razones fiscales-financieras. Por ejemplo, la utilización de un bono cupón cero a cinco años, como póliza de seguros, para mejorar su tratamiento fiscal en España.

Para más información sobre bancassurance…

3
May

Nueva Ley de Emprendedores

Escrito el 3 mayo 2012 por Antonio Rivela Rodríguez en Uncategorized

Continuando con la tendencia de los dos últimos post sobre las medidas propuestas por el Gobierno en el terreno laboral, en el blog de este mes trataremos las medidas que propone el Gobierno para impulsar la creación y fomento de las pymes y autónomos.

El conjunto de medidas que trataremos en este blog serán recogidas en la futura Ley de Emprendedores que está desarrollando el Gobierno, y que verá la luz próximamente.

No podemos olvidar que en el marco de aplicación de estas medidas están las pymes, motor del empleo en Europa, que entre 2002 y 2010 crearon el 85% de los empleos netos de la UE.

Con este dato de fondo, en esta ley destaca la reforma en el pago del IVA, que sólo se ingresará cuando se haya cobrado la factura. Esta medida pretende mitigar uno de los principales problemas que sufre el sector de la pequeña y mediana empresa, abonar el IVA de facturas que nunca se llegan a cobrar. Actualmente, los autónomos y las pymes deben hacer frente al pago del IVA independientemente de que hayan cobrado o no la factura, lo que produce que en muchas ocasiones realicen el ingreso del IVA pero que nunca lleguen a cobrar esas facturas, generando graves problemas de liquidez. Estos problemas de liquidez llevan a muchas pequeñas empresas a la quiebra aún con clientes con facturas elevadas pero a las que no hacen frente.

Esta medida se aplicará inicialmente a los autónomos y pymes proveedores de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, ya que son los contribuyentes de los que más información se tiene. Y a continuación se implantará de forma paulatina al resto de autónomos y pymes.

La Ley de Emprendedores incluye, entre otras medidas, el nuevo IVA de caja, que será un régimen optativo de modo que el empresario o autónomo podrá decidir sobre qué operaciones lo aplica y sobre cuales no. En este último caso, se aplicará el régimen general del impuesto.

Esta nueva ley además, regulará la actividad de los emprendedores y simplificará la engorrosa burocracia necesaria actualmente para dar de alta una nueva empresa. Sólo será necesario tener “internet y una tarjeta de crédito” para poder crear una nueva empresa, de esta forma se acortarán los plazos necesarios para que el negocio esté en marcha cuanto antes.

La futura Ley de Emprendedores también incluirá medidas sobre incentivos fiscales a la generación de puestos de trabajo, al fomento de la I+D+i, a la reinversión de los beneficios en la propia empresa y al mantenimiento de los tipos reducidos del Impuesto de Sociedades entre otras.

También se propondrán medidas para facilitar la financiación (como la creación de un fondo de capital semilla, microcréditos, etc) y medidas que fomenten la internalización de las pequeñas y medianas empresas (asistencia a ferias internacionales, formación, asesoría internacional,..).

Para más información sobre asuntos laborales…

20
Abr

Participaciones Preferentes (El País Digital)

Escrito el 20 abril 2012 por Antonio Rivela Rodríguez en Financial Markets

Os dejo con este video blog de El País Digital sobre Participaciones Preferentes analizadas desde un prisma financiero y regulatorio.

Link al País Digital

Análisis Financiero

• Las empresas acuden a los mercados financieros en busca del capital necesario para financiar sus inversiones. Se encuentran entonces con tres alternativas: acciones, bonos (senior y subordinados) y participaciones preferentes.
• Las acciones, representan una propiedad sobre la sociedad que las emite, es decir, otorgan un derecho sobre los beneficios futuros de la empresa y también la capacidad de emitir un voto en las juntas de accionistas . La ganancia para el inversor se produce a través de los dividendos, en caso de existir, o durante la venta de la acción.
• En el caso de los bonos u obligaciones, el inversor no es dueño de los activos de la empresa, sino que adquiere parte de su deuda a cambio de recibir unos pagos periódicos durante la vida del bono y la devolución del principal en la fecha de vencimiento.
• En caso de liquidación de la empresa, por ejemplo en una situación de bancarrota, los inversores en deuda cobrarán primero. Los accionistas cobrarán en último lugar, después de haber satisfecho a todos los acreedores.
• Finalmente, las participaciones preferentes se sitúan en un terreno intermedio al de los dos anteriores, presentando características de ambos tipos de valores.
• Al igual que las acciones, la participación preferente proporciona dividendos al inversor periódicamente, aunque el emisor no tiene obligación de proveer estos dividendos, aunque sí debe hacerlo en caso de que quiera dar dividendos en sus acciones ordinarias. Estos dividendos son fijos y más altos que en las acciones ordinarias, por ejemplo Caja Madrid y Banesto ofrecían rentabilidades cercanas al 7% antes de la crisis. El hecho de no distribuirlos, suele ser considerado como una mala señal por el mercado.
• En el caso de las preferentes acumuladas, en caso de no proporcionar un dividendo, éste se acumula hasta la siguiente fecha en la que el emisor vuelva a hacer pago de dividendos; se parecerían entonces a un bono que ofrece una renta fija.
• En el caso de preferentes no acumuladas, el emisor se olvida de este pago, y no estaría obligado a distribuirlo; se comportan pues de manera similar a las acciones, donde los dividendos se distribuyen a discreción de la dirección.
• De acuerdo a la fecha de vencimiento, las acciones preferentes pueden parecerse a un bono si efectivamente disponen de ella, o a una acción, cuando no vencen nunca; en este caso se conocen como preferentes perpetuas o perps.
• Generalmente el emisor de la preferente tiene el derecho a partir de cierto año y periódicamente hasta vencimiento ,de cancelar la emisión, devolviendo a los inversores el importe nominal íntegro con lo que éstos obtienen la rentabilidad inicial esperada. Esto es más frecuente en las preferentes perpetuas
• En caso de liquidación del emisor, la preferente tiene una jerarquía de reclamación inferior a los bonos, pero superior a las acciones.

Análisis Regulatorio

• Con las nuevas normas introducidas en junio de 2004 en el comité de Basel II, los bancos precisaban de un mínimo de 4% tier 1 core capital y las participaciones preferentes podrían contar para el mismo si cumplían con unos determinados requisitos
• Posteriormente en 2010, Basel III elevó el umbral mínimo tier 1 al 8.5%. De éste, al menos el 7% deben ser acciones ordinarias y reservas. Las preferentes computan como tier 1 si son subordinadas, tienen dividendos no acumulados y a discreción de la empresa y no tienen una fecha de vencimiento ni un incentivo para cancelarlos.
• De acuerdo a las directivas de Basel II, en España se desarrolló la Ley 36/2007, donde las participaciones preferentes contarían como un instrumento Tier 1 siempre que estuviese subordinadas a todos los acreedores de deuda, fuesen no acumuladas y pudiesen ser canceladas por el emisor sólo después de un mínimo de 5 años.
• En vista de la delicada situación del sector financiero y en línea con las directrices de Basel III, el Real Decreto Ley 2/2011 adoptó medidas extraordinarias para fortalecer el sector en España. Entre ellas un tier 1 ratio mínimo del 8% o 10% en función de la dependencia de la entidad del mercado interbancario e incluso mayor en función de los resultados obtenidos en los test de estrés efectuados en el sector. Se excluyen del tier 1 las preferentes que pueden ser llamadas por el emisor, eliminando el umbral de los 5 años. Para las preferentes que ya habían sido emitidas, existe un régimen transitorio que permite su inclusión en el Tier 1 hasta 2014. Desde este momento todas las preferentes deberían ser convertidas en acciones ordinarias para ser incluidas en Tier 1.
• Desde 2009 hasta final de 2011 hubo 24 emisiones de preferentes emitidas por instituciones financieras por un importe total de 11365 millones euros con un 32% correspondiente a bancos y un 68% a Cajas. Todas menos uno de acuerdo a las especificaciones de la ley 36/2007 para contar como TIER 1.
• Desde la aprobación del Real Decreto Ley 2/2011, no ha habido más emisión de preferentes a minoristas por parte de Cajas ni bancos.

Para más info sobre productos financieros…

30
Mar

La Reforma Laboral II: Despidos, Convenios Laborales y EREs.

Escrito el 30 marzo 2012 por Antonio Rivela Rodríguez en General

En este segundo blog sobre la reforma laboral se abordaran las medidas que afectan a los despidos, las que modifican los convenios laborales y los ERES.

La principal medida de la reforma laboral de febrero de 2012 es el abaratamiento del despido. Desde la entrada en vigor de la nueva ley, la indemnización en los despidos improcedentes pasa a ser de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 meses o de 20 días por año hasta un máximo de 12 meses si el despido es procedente.

Asimismo, todos los despidos se considerarán procedentes, y queda en manos del propio trabajador demostrar la improcedencia del despido.

Estas medidas también se aplicarán a los trabajadores que sean indefinidos en el momento de la entrada en vigor de la ley. Por ejemplo, en el caso del despido improcedente de trabajadores indefinidos, éstos recibirán 45 días por año trabajado por el periodo previo a la entrada en vigor de la ley y 33 días por año para el periodo posterior, hasta un máximo de 42 mensualidades para quien las haya acumulado.

Por primera vez el personal laboral de las empresas públicas también podrá ser despedido alegando “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente durante tres trimestres”. El despido se producirá en los mismos términos que en la empresa privada, 20 días de indemnización por año trabajado.

También se modifica el despido por absentismo, se deja de tener en cuenta el nivel de absentismo en el conjunto de la empresa para tener en cuenta sólo el absentismo del trabajador. Se permitirán un 20% de falta de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un año. A partir de ahora, también se contabilizarán las faltas por enfermedad o accidente no laboral que duren menos de 20 días.

En los despidos en los que se alegue falta de adaptación a las modificaciones técnicas del puesto de trabajo, será necesario que el empresario haya ofrecido previamente al trabajador un curso de adaptación a las modificaciones operadas en su puesto. Desde la entrada en vigor de la nueva ley del trabajo, los empresarios tienen derecho a cambiar las jornadas, turnos, funciones y hasta rebajar los salarios de los trabajadores cuando la empresa registre dos trimestres de caídas de ventas o ingresos, aunque esto no signifique que la empresa tenga pérdidas.

Se mantienen las causas de los despidos colectivos, aunque se modifican las causas económicas. A partir de ahora, para poder alegar causas económicas como motivo del despido no será necesario que la disminución del nivel de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos afecte a la viabilidad de la empresa o a su capacidad para mantener el volumen de empleo.

Los ERE dejan de tener que ser autorizados por el Ministerio de Trabajo o por la Comunidad Autónoma, y por un juez. A partir de ahora, sólo será necesaria la autorización judicial.

Si el despido afecta a más de 50 trabajadores, la empresa deberá ofrecerles un plan de recolocación externa por un periodo mínimo de 6 meses, salvo en el caso de que la empresa se encuentre en procedimiento concursal.

La nueva reforma amplía el número de colectivos con preferencia en la permanencia en la empresa. De esta manera, los trabajadores con cargas familiares, los mayores de determinada edad o las personas con discapacidad se unen al colectivo de los representantes de los trabajadores, como personal con preferencia para permanecer en la empresa. Esta nueva medida deberá pactarse en el convenio laboral de cada empresa.

Otra medida de la reforma relativa a los convenios laborales es la limitación de su ultraactividad, esto es, su renovación automática cuando no haya acuerdo entre trabajadores y empresarios. De esta manera, la vida máxima del pacto laboral queda reducida a dos años.

Mediante estos dos blog creemos haber abordado las medidas más importantes de la reforma laboral de febrero de 2012. En los post posteriores comentaremos todas las novedades, modificaciones y situaciones que se deriven de la aplicación de esta reforma laboral.

29
Feb

La Reforma Laboral I: Modelos y formas de contratación

Escrito el 29 febrero 2012 por Antonio Rivela Rodríguez en General

En artículo corresponde a una serie de dos posts, y que resumen la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno en el RD 3/2012 de 10 de febrero de 2012 de reformas urgentes para la reforma del mercado laboral en vigor desde el pasado 12 de febrero.

Debido a la extensión del asunto, y a la importancia de los temas tratados, abordaremos el artículo desde dos de las reformas principales que realiza esta ley, las que afectan a los despidos y a los contratos. En este primer blog abordaremos las medidas relacionadas con los modelos y formas de contratación.

Con la entrada de esta nueva ley, se crea el contrato de tiempo indefinido en apoyo a los emprendedores, que se une a los contratos indefinidos, por obra y servicio, temporales, administrativos, etc ya existentes. Esta forma de contratación supone un beneficio fiscal para las PYMES de menos de 50 trabajadores que contrate como primer empleado a un menor de 30 años. El periodo de prácticas para los contratos de tiempo indefinido se amplía a un año en vez de los 6 meses existentes en los demás, y por primera vez en España, un empleado podrá cobrar simultáneamente su sueldo y el subsidio de desempleo.

Para el resto de las empresas que apuesten por la contratación de jóvenes menores de 30 años y mayores de 45, recibirán igualmente bonificaciones económicas de diferente cuantía durante los siguientes tres años.

Otro de los contratos para jóvenes modificado por esta ley, es el contrato de formación y aprendizaje para jóvenes entre los 16 y los 30 años que estará en vigor hasta que el paro juvenil descienda por debajo del 15%. Los trabajadores no podrán prorrogar sus contratos una vez expirados, pero podrán volver a ser contratados bajo esta misma figura para otra actividad laboral.

La reforma laboral, también modifica aspectos que favorecen la inserción laboral y que ponen más herramientas al alcance de la mano de los desempleados que buscan empleo . Y es que el Gobierno, continuando con la reforma anterior del año 2010, permite a las empresas de trabajo temporal convertirse en agencias de colocación privadas, que trabajaran mano a mano con los Servicios de Empleo Estatales en la inserción laboral de los parados. Con esta medida España se igual al resto de países de la UE, en los que ya se produce la colaboración de empresas privadas en la colocación de desempleados.

Una vez analizadas las reformas que tiene como objeto la inserción laboral de los jóvenes y desempleados en el mercado laboral, analizaremos las reformas en las condiciones de aquellos que ya se encuentran trabajando.

La ley recoge que hasta el 1 de enero de 2013, durante un máximo de dos años se pueden encadenar un número ilimitado de contratos temporales. En contrapartida, para evitar que la temporalidad se extienda de manera indefinida, se prevé la adquisición de la condición de trabajadores fijos aquellos que en el plazo de 30 meses hubieran estado contratados de forma continua o no durante 24 meses, en el mismo puesto de trabajo o diferentes, con la misma empresa o empresa del mismo grupo.

Se inicia la regulación del teletrabajo por primera vez en España. Los trabajadores que desean realizar parte de su trabajo en su domicilio empezarán a tener los mismos derechos y los mismo sueldos que los trabajadores presenciales.

En cuanto a la formación, la novedad es el permiso retribuido de formación de 20h anuales a los que tendrán derecho los trabajadores de más de un año, siempre que esta formación este relacionada con su puesto de trabajo. Se creará una cuenta de formación para cada trabajador similar a la vida laboral recogida en la Seguridad Social, en la que quedará detallada toda la formación que haya recibido.

El siguiente paquete de medidas, son las que afectan directamente al desarrollo del trabajo. Así, los trabajadores a tiempo parcial podrán realizar horas extraordinarias. Hasta el momento los trabajadores parciales sólo podían realizar las horas complementarias fijadas en el convenio. Con esta medida, el empresario tendrá una mayor flexibilidad en la organización del trabajo y podrá distribuir libremente las horas extraordinarias y las complementarias de los contratos indefinidos.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, los empresarios podrán cambiar jornadas, turnos, funciones y hasta rebajar el salario de sus trabajadores alegando motivos económicos, como pérdida de competitividad o productividad siempre que la empresa registre dos trimestres de caídas de ventas o ingresos, aunque no tenga pérdidas. Esta medida incluye por primera vez, que los salarios puedan ser modificados alegando cualquiera de los motivos anteriores. O incluso reducir el sueldo a los empleados que rindan poco.

En nuestro siguiente blog analizaremos las medidas relacionadas con las nuevas formas de despido.

6
Ene

Introducción a los Expedientes de Regulación de Empleo I

Escrito el 6 enero 2012 por Antonio Rivela Rodríguez en Analisis Financiero

Estimados lectores.

Este blog publicado en el newsletter netvalue digital pretende refrescar a los profesionales financieros el concepto de E.R.E. tan manido en los medios de comunicación en el contexto de la crisis.

La razón por la que existe una relación entre el mundo del derecho laboral y la consultoría financiera, es por la obligación de producir una memoria que analice la situación económica que atraviesa la firma, y justifique por tanto el E.R.E.

El expediente de regulación de empleo, abreviado con sus siglas, ERE, es un procedimiento contemplado en la legislación española mediante el cual una empresa en crisis busca obtener autorización para suspender o despedir trabajadores. Tiene por objeto obtener de la autoridad laboral competente un permiso para suspender o extinguir las relaciones laborales en un marco en el cual se garantizan ciertos derechos de los trabajadores.

Se trata de un procedimiento administrativolaboral de carácter especial que puede ser tramitado por las siguientes causas:

  • Despido colectivo fundamentado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
  • Suspensión o extinción de la relación laboral por fuerza mayor.
  • Suspensión de la relación laboral fundamentada en las mismas causas del apartado primero.
  • Extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

Extinción colectiva por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción: Es un concepto proveniente de la terminología comunitaria europea similar al de expediente de regulación de empleo o procedimientos de regulación de empleo

Contenido

Fuentes:
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Unión General de Trabajadores
Wikipedia

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle contenido relacionado con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Aceptar